Los hechos del caso se refieren a las violaciones a los derechos humanos de la Comunidad Indígena como consecuencia de no haberle sido otorgado un titulo definitivo de propiedad sobre sus tierras y territorios ancestrales. En la Sentencia, la CorteIDH recuperó los estándares desarrollados en relación con el derecho a la propiedad y la vinculación que los pueblos indígenas guardan con sus territorios y el derecho que tienen a vivir libremente en ellos, para concluir que el régimen agrario colectivo aplicado en el caso no satisface los requisitos de propiedad comunitaria indígena a la que tiene derecho la Comunidad.

También aplico al caso estándares vinculados con el derecho a la consulta en relación con el otorgamiento de licencias de exploración y explotación minera que podrían afectar el territorio de la Comunidad.

Adicionalmente analizo la relación entre la falta de reconocimiento de la propiedad colectiva y las amenazas y hostigamientos hacia integrantes de la Comunidad.