Los hechos del caso se relacionan con la detención -en febrero de 2004- de Raúl José Díaz Peña debida a su presunta participación en un atentado contra el Consulado de Colombia y en la Oficina de Comercio Internacional del Reino de España, en febrero de 2003.

La Corte IDH hizo lugar a la excepción preliminar de falta de agotamiento de recursos internos planteada por el Estado respecto de la prisión preventiva y la duración del proceso y desarrolló estándares sobre condiciones de detención y atención médica adecuada.