INFORME No. 76/08
ADMISIBILIDAD
PETICIÓN 1055-06
PAOLA DEL ROSARIO GUZMÁN ALBARRACÍN Y FAMILIARES
ECUADOR
17 de octubre de 2008
I.

RESUMEN

1.
El 2 de octubre de 2006, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante la “Comisión Interamericana” o la “CIDH”)
recibió una petición presentada por el Centro de Derechos Reproductivos y el
Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM-Guayaquil)
(en adelante “los peticionarios”), en la cual se alega la responsabilidad
internacional del Estado de Ecuador (en adelante “el Estado”, “el Estado
ecuatoriano” o “Ecuador”) por actos de acoso y abuso sexual, falta de atención
médica y retardos en el proceso penal en perjuicio de Paola del Rosario
Guzmán Albarracín (en adelante “la presunta víctima”), de 14 años de
edad. Los peticionarios aducen que el vicerrector de la institución de
educación pública en donde Paola del Rosario cursaba estudios aprovechó su
posición de autoridad para acosar a la víctima sexualmente, lo cual resultó en
su suicidio, y que la ineficacia del sistema judicial y administrativo mantienen
estos hechos en la impunidad.
2.
Los peticionarios alegan que el Estado es responsable por la
violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad
personal, a las garantías judiciales, a los derechos del niño, a la igualdad ante
la ley y a la protección judicial establecidos en los artículos 4, 5, 7, 8, 19, 24
y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la
Convención” o “la Convención Americana”), en concordancia con el deber de
garantía establecido en el artículo 1.1 de dicho tratado y de los artículos 3, 4
(incisos a, b, c, e), 5, 6(a), 7 (incisos a, b, c, e, f, g) y 9 de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (en adelante “Convención de Belém do Pará”) en perjuicio de Paola del
Rosario Guzmán Albarracín y sus familiares.
3.
Por su parte, el Estado alega que los reclamos de los
peticionarios son inadmisibles en vista de que se ha incumplido el requisito
del previo agotamiento de los recursos internos previsto en el artículo 46.1.a
de la Convención Americana y que éstos no configuran violaciones a la
Convención Americana. El Estado asimismo sostiene que el poder judicial ha
respondido debidamente a la denuncia de los hechos conforme a la ley y que

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