INFORME No. 76/08 ADMISIBILIDAD PETICIÓN 1055-06 PAOLA DEL ROSARIO GUZMÁN ALBARRACÍN Y FAMILIARES ECUADOR 17 de octubre de 2008 I. RESUMEN 1. El 2 de octubre de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la “Comisión Interamericana” o la “CIDH”) recibió una petición presentada por el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM-Guayaquil) (en adelante “los peticionarios”), en la cual se alega la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador (en adelante “el Estado”, “el Estado ecuatoriano” o “Ecuador”) por actos de acoso y abuso sexual, falta de atención médica y retardos en el proceso penal en perjuicio de Paola del Rosario Guzmán Albarracín (en adelante “la presunta víctima”), de 14 años de edad. Los peticionarios aducen que el vicerrector de la institución de educación pública en donde Paola del Rosario cursaba estudios aprovechó su posición de autoridad para acosar a la víctima sexualmente, lo cual resultó en su suicidio, y que la ineficacia del sistema judicial y administrativo mantienen estos hechos en la impunidad. 2. Los peticionarios alegan que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad personal, a las garantías judiciales, a los derechos del niño, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial establecidos en los artículos 4, 5, 7, 8, 19, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), en concordancia con el deber de garantía establecido en el artículo 1.1 de dicho tratado y de los artículos 3, 4 (incisos a, b, c, e), 5, 6(a), 7 (incisos a, b, c, e, f, g) y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante “Convención de Belém do Pará”) en perjuicio de Paola del Rosario Guzmán Albarracín y sus familiares. 3. Por su parte, el Estado alega que los reclamos de los peticionarios son inadmisibles en vista de que se ha incumplido el requisito del previo agotamiento de los recursos internos previsto en el artículo 46.1.a de la Convención Americana y que éstos no configuran violaciones a la Convención Americana. El Estado asimismo sostiene que el poder judicial ha respondido debidamente a la denuncia de los hechos conforme a la ley y que 1

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