Los hechos del caso se refieren a la ejecución extrajudicial de Wilmer Zambrano, Segundo Olmedo y José Miguel Caicedo, en marzo de 1993, y la falta de investigación y sanción de los responsables. Las víctimas fueron ejecutadas durante un operativo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Ecuador en el contexto de un clima de inseguridad y conmoción interna que llevó el Presidente de la República a dictar el Decreto N° 86 del 3 de setiembre de 1992, disponiendo la intervención de las Fuerzas Armadas.

La Corte IDH estableció estándares sobre el alcance de la suspensión de garantías en estados de excepción y sobre criterios para el uso legítimo de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad del Estado.