Los hechos del caso se refieren a la detención en prisión preventiva del Sr. Jenkins, y las negativas a concederle su excarcelación como consecuencia de haber sido acusado de los delitos de tráfico de estupefacientes y asociación ilícita; así como la falta de diligencia de la fiscalía durante la investigación.

En su Sentencia la CorteIDH aplicó estándares sobre la compatibilidad de la prisión preventiva con la protección a la libertad personal y las garantías judiciales.