2 manera rápida y eficaz ni se examinó la multiplicidad de violaciones ocurridas durante la “Operación Génesis”, las incursiones paramilitares, las violaciones ocurridas como producto de éstas y el desplazamiento forzado que ocasionaron. Asimismo, la Comisión concluyó que los tribunales de justicia actuaron con falta de diligencia para impulsar el procedimiento penal tendiente a esclarecer los hechos de violencia y sancionar a sus responsables, por lo que los hechos permanecen en la impunidad. El Estado de Colombia ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”, “la Convención” o “la CADH”) el 31 de julio de 1973 y aceptó la competencia de la Corte Interamericana el 21 de junio de 1985. La Comisión ha designado a la Comisionada María Silvia Guillén y al Secretario Ejecutivo de la CIDH Santiago A. Canton, como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Karla I. Quintana Osuna y Karin Mansel, actuarán como asesoras legales. De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del informe 64/11 y sus anexos, elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los documentos utilizados en la elaboración del informe 64/11 (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al Estado de Colombia mediante comunicación de 25 de abril de 2011, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 27 de junio de 2011 el Estado solicitó una prórroga respecto del plazo de dos meses que vencía el 25 de junio, la cual fue concedida hasta el 11 de julio de 2011. El 12 de julio de 2011 el Estado presentó su respuesta. En la citada respuesta el Estado consideró que “viene cumpliendo con sus obligaciones a nivel interno e internacional a través de sus diferentes instancias judiciales”. Asimismo, presentó de manera detallada la legislación aplicable a la población afrocolombiana, así como la relativa a las mujeres. Además, presentó información sobre el fenómeno del desplazamiento forzado, así como sobre las políticas y normativas aplicadas por el Estado para combatirlo. Finalmente, presentó información sobre los procesos abiertos en relación con el presente caso. En ese sentido, Colombia presentó información “sobre los esfuerzos y progresos realizados con el fin de atender de manera adecuada, pronta e integral a las víctimas de este fenómeno y superar en un futuro cercano la situación del desplazamiento forzado que aqueja a una parte de la población colombiana”. Finalmente, manifestó su “indeclinable compromiso por continuar adelantando los esfuerzos necesarios para superar los retos que persisten en materia de prevención de desplazamiento forzado y atención de las víctimas, fortaleciendo a su vez los mecanismos que garanticen la prevención e investigación de hechos de este tipo que atenten contra los derechos de las personas”.