El caso se refiere a la muerte de los adolescentes internados en el Centro de Tratamiento y Diagnóstico “Monseñor Juan José Bernal”, adscripto al Instituto Nacional del Menor, en el estado de Bolívar como consecuencia del incendio que se produjo la madrugada del 30 de junio de 2005 en una de las celdas. Adicionalmente se alegaron violaciones a la debida diligencia en la investigación de los hechos El Estado de Venezuela reconoció su responsabilidad internacional por los hechos del caso, omitiendo referirse a las violaciones a la integridad personal padecidas por los familiares de los jóvenes fallecidos

En su Sentencia, la CorteIDH desarrolló consideraciones generales respecto del alcance de las obligaciones del Estado respecto de la vida y la integridad de personas adolescentes privadas de su libertad.