3 información disponible, la víctima aún no ha sido contactada por el Estado. A la fecha, Oscar Alberto Mohamed permanece sin ser reparado por las violaciones cometidas en su perjuicio. En virtud de las anteriores consideraciones, la Comisión considera que el Estado de Argentina no ha avanzado con el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe de fondo. En atención a ello, la CIDH estima pertinente el sometimiento del presente caso a la jurisdicción del Tribunal. La Comisión Interamericana somete a la jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y las violaciones de derechos humanos descritas en el informe de fondo 173/10. En consecuencia, la CIDH solicita a la Corte que concluya y declare que: a) El Estado de Argentina violó el principio de legalidad e irretroactividad, el derecho de defensa, el derecho a recurrir el fallo y el derecho a la protección judicial consagrados en los artículos 9, 8.2 c), 8.2 h) y 25.1 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Oscar Alberto Mohamed. En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte Interamericana que ordene las siguientes medidas de reparación: a) Disponer las medidas necesarias para que Oscar Alberto Mohamed pueda interponer, a la brevedad, un recurso mediante el cual obtenga una revisión amplia de la sentencia condenatoria en cumplimiento del artículo 8.2.h de la Convención Americana. b) Disponer las medidas legislativas y de otra índole para asegurar el cumplimiento efectivo del derecho consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención Americana de conformidad con los estándares descritos en el informe de fondo. c) Adoptar las medidas necesarias para que Oscar Alberto Mohamed reciba una adecuada y oportuna reparación por las violaciones de los derechos humanos establecidas en el informe de fondo. Además de la necesidad de obtención de justicia para la víctima, la CIDH destaca que el presente caso contempla algunas cuestiones de orden público interamericano. En primer lugar, ciertas violaciones declaradas en el informe de fondo ocurrieron como consecuencia de un marco legal que no prevé que una persona condenada por primera vez en segunda instancia, cuente con la posibilidad de recurrir dicho fallo en los términos contemplados por el artículo 8.2.h de la Convención. Asimismo, la Comisión considera que el presente caso constituye una oportunidad para que la Corte Interamericana desarrolle la jurisprudencia sobre el alcance del principio de legalidad e irretroactividad bajo el artículo 9 y del derecho a recurrir el fallo bajo el artículo 8.2 h) de la Convención, en supuestos como los del presente caso. Teniendo en cuenta lo anterior, de conformidad con el artículo 35.1.f del Reglamento de la Corte, la Comisión se permite ofrecer el siguiente peritaje sobre los temas referidos en el párrafo precedente: 1. Perito cuyo nombre será informado a la brevedad, quien describirá los estándares internacionales sobre el principio de legalidad e irretroactividad, el