Los hechos del caso se refieren a la condena penal impuesta al periodista Mauricio Herrero Ulloa por difamación, y la condena civil impuesta solidariamente al periodista y al diario “La Nación” por resarcimiento de daño moral, por la publicación de una serie de artículos periodísticos en los que se vinculaba a un diplomático costarricense a la realización de diversas conductas ilícitas.

La Corte IDH analizó la validez de la tipificación penal de los delitos de difamación, calumnias e injurias cuando se trata de cuestiones de interés público, relativas a funcionarios públicos. La Corte IDH señaló la especial importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática, y determinó el contenido de ese derecho, así como los términos bajo los cuales deben analizarse sus restricciones.

Asimismo, la Corte IDH desarrolló estándares y determinó el contenido del derecho a recurrir el fallo, estableciendo que este supone la existencia de un recurso amplio que permita al tribunal realizar un análisis comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior.