Los hechos del caso se refieren a la condena judicial por el delito de difamación e injurias impuesta a Ricardo Canese por las manifestaciones que realizó durante el debate electoral cuestionando la idoneidad e integridad de un candidato presidencial por su presunta vinculación en hechos de corrupción.

La Corte IDH desarrolló estándares sobre el contenido de la libertad de pensamiento y expresión -en su dimensión individual y social- , en particular en el marco de una campaña electoral. La Corte IDH reconoció que durante el proceso electoral resulta indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de expresión y más aún cuando se trata de declaraciones que atañen a asuntos de interés público y sobre un funcionario público, como realizadas por Canese.

La Corte IDH también desarrolló estándares sobre restricciones al derecho a la circulación a la luz de criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.