Los hechos se refieren a la solicitud de protección de la Comunidad Garífuna de Barra Vieja frente a su inminente desalojo por parte del Ministerio de Seguridad. La CorteIDH desestimó la solicitud por considerar que debió haber sido presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no por los representantes de las víctimas.