Los hechos del caso se refieren a la desaparición forzada de Marco Molina Theissen, un niño de 14 años de edad secuestrado de la casa de sus padres por miembros del Ejército de Guatemala en octubre de 1981, en el contexto del conflicto armado interno que padeció el país.

El Estado realizó un reconocimiento de responsabilidad internacional respecto de los hechos, el que fue admitido por la Corte IDH en su Resolución del 26 de abril de 2004.