7 familiares del Instituto” con la presencia de altas autoridades de los Ministerios de Justicia y Trabajo y de Salud Pública y Bienestar Social. Por otra parte, el Ministerio de Justicia y Trabajo, a través del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Profesional, presentó una serie de cursos para la capacitación laboral de las víctimas y sus familiares. 19. Que en la audiencia privada de supervisión de cumplimiento el Estado informó que se habían registrado cuarenta y tres beneficiarios para recibir atención médica, quienes contaban con el carné respectivo. Varios de ellos fueron atendidos en diferentes centros sanitarios del país y “la respuesta de los establecimientos dependientes del Ministerio de Salud Pública, ha sido altamente satisfactoria”. Entre los servicios prestados mencionaron la atención de emergencia, la realización de estudios, la provisión de medicamentos y la asistencia médica en general. Dada la reticencia de muchos de los jóvenes víctimas a recibir atención médica, psicológica o psiquiátrica se aprovechó la presentación de los cursos de capacitación provistos por el Estado para comunicar a los representantes, a las madres y a algunos de los jóvenes la posibilidad de recibir asistencia en cualquier centro sanitario del país mediante el uso del carné, así como informar sobre los hospitales, los horarios y los nombres de los profesionales de salud mental disponibles para su atención. Por otra parte, indicó que las víctimas que se encuentran privadas de libertad, entre otras medidas, son acompañadas y asistidas regularmente por la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Trabajo y también cuentan con la asistencia de una psicóloga de quien reciben terapias grupales e individuales. Algunas de estas víctimas privadas de libertad cursan el ciclo escolar básico dentro de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Afirmó que “[d]e acuerdo a las últimas entrevistas realizadas [a las víctimas privadas de libertad,] tod[a]s se encuentran en buenas condiciones de salud”. Finalmente, respecto de los programas de educación, señaló que cinco beneficiarios se inscribieron en los cursos ofrecidos por el Ministerio de Justicia y Trabajo y que el 26 de septiembre de 2009 iniciaron los cuatro primeros cursos en elaboración de productos de limpieza, administración de recursos humanos, panadería y confitería, y electricidad domiciliaria. Por otra parte, una de las víctimas ingresó al Curso Probatorio de Ingreso a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Asunción y le fueron exonerados los aranceles correspondientes. 20. Que en cuanto al tratamiento médico y psicológico los representantes señalaron que se lograron avances a pesar del inicio tardío en el cumplimiento de esta obligación, ocurrido en marzo de 2008. El personal del Ministerio de Justicia y Trabajo se presentó en los domicilios de varias víctimas para comenzar a realizar las evaluaciones y “existe un plan sistemático para ir atendiendo a toda la población afectada”. Sin embargo, indicaron que algunas de las víctimas han sido citadas para la realización del diagnóstico médico en el Centro Educativo Itauguá, donde trabajan algunos funcionarios que desempeñaban labores en el Instituto de Reeducación del Menor en la época en que las víctimas estuvieron privadas de libertad. Por lo anterior, algunas de ellas no desean presentarse en ese lugar por “temor de ser objeto de represalias o de un tratamiento denigrante”. Añadieron que las dificultades para realizar el diagnóstico médico “no pueden servir de justificación por parte del Estado para dejar de hacer todo lo que está a su alcance a fin de satisfacer lo ordenado por la Corte”. Solicitaron al Tribunal que requiera al Estado información sobre: i) el resultado concreto de las evaluaciones realizadas y su seguimiento para garantizar a las víctimas el acceso a los tratamientos médicos y psicológicos; ii) las gestiones que se realizarán para practicar las evaluaciones médicas y educativas a las víctimas que todavía no han sido contactadas, y iii) el seguimiento que se está haciendo a aquellas víctimas que están cursando estudios. 21. Que durante la audiencia privada los representantes señalaron que “[l]a información [entregada] por el Estado carece de la sistematización y del respaldo