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la “Resolución [tomada por el juez de ejecución y] recaída en autos no. 8732,
Hábeas Corpus – Pabellón no. 2 de [la] Penitenciaría Provincial de Mendoza”.
49.
El escrito de 6 de marzo de 2006, mediante el cual la Comisión
Interamericana remitió sus observaciones al sexto y séptimo informe estatales.
50.
La audiencia pública sobre las medidas provisionales celebrada el día de hoy
en Brasilia, Brasil, en la sede del Superior Tribunal de Justicia de ese país, en la que
comparecieron:
por la Comisión Interamericana:
Florentín Meléndez, Comisionado;
Santiago Canton, Secretario;
Víctor H. Madrigal Borloz, Asesor;
Elizabeth Abi-Mershed, Asesora;
Juan Pablo Albán, Asesor, y
Manuela Cuvi, Asesora;
por los representantes:
Carlos Eduardo Varela Álvarez, y
Pablo Gabriel Salinas;
por el Estado:
Jorge Nelson Cardozo, asesor de Gabinete del Canciller;
Alejandro Acosta, Subsecretario de Justicia de la Provincia de Mendoza;
Alberto Javier Salgado, de la Dirección de Derechos Humanos de la
Cancillería;
Andrea Gualde, del Ministerio de Justicia;
Ciro Annichiaricco, del Ministerio de Justicia, y
Pilar Mayoral, del Ministerio de Justicia.
51.
Los alegatos expuestos por la Comisión en la referida audiencia pública
celebrada, entre los cuales manifestó que:
a.
b.
reitera su preocupación porque las personas que se encuentran en las
penitenciarías continúan expuestas a una situación de extrema gravedad y
urgencia que pone en riesgo su vida e integridad personal. La situación de
riesgo no ha cambiado sustancialmente y subsiste una situación de
violencia ejemplificada, entre otros, con los internos heridos, las muertes
en circunstancias no esclarecidas, los motines, las huelgas de hambre, las
riñas, las fugas y la confiscación de armas;
se han dado avances en la implementación de las medidas provisionales,
tales como la designación de nuevos agentes penitenciarios, la creación de
un nuevo juzgado de ejecución penal y de la defensoría de los derechos
humanos de los internos. Asimismo, valora la proyección de medidas a
largo plazo por parte del Estado y la voluntad política que existe en el
gobierno nacional y el provincial, así como el diálogo entre las partes. Sin
embargo, los avances han sido insuficientes y no idóneos, ya que no se
han implementado medidas concretas de carácter sustantivo para superar
la situación de crisis;
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