Los hechos del caso se refieren al procedimiento administrativo llevado adelante contra la Sra. Olga Yolanda Maldonado Ordoñez -funcionaria de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala- quien fue destituida por un acto administrativo violatorio de las debidas garantías.

La CorteIDH aplicó -para el análisis de los procedimientos administrativos- estándares sobre garantías judiciales y acceso a recursos efectivos.