Los hechos del caso se relacionan con la desaparición forzada del sindicalista Gómez Virula en marzo de 1995 y posterior muerte –su cadáver fue encontrado 6 meses después- , y la impunidad en que permanece el caso.

Gómez Virula trabajaba en una maquiladora, y tenía activa participación en el sindicato.

En su Sentencia, la CorteIDH consideró que no tenía elementos para establecer que la desaparición y muerte de Gómez Virula fuera realizada por agentes estatales, y rechazo las alegaciones respecto de la violación al deber del Estado de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal.

Sin embargo, estableció responsabilidad por la falta de debida diligencia en la investigación sobre la desaparición de Gomez Virula, a pesar de su condición de sindicalista y de encontrarse en conflicto con su lugar de trabajo.