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La publicación y el desagravio sirven a un triple objetivo: a) por una parte, la
satisfacción moral de las víctimas o sus derechohabientes, la recuperación de una
respetabilidad y un crédito que pudieron verse mellados por versiones y comentarios
erróneos o falaces; b) por la otra, la formación y el fortalecimiento de una cultura de la
legalidad en favor, sobre todo, de las nuevas generaciones; y c) finalmente, el servicio
a la verdad en bien de los agraviados y de la sociedad en su conjunto. Todo ello se
inserta en el amplio régimen de reconocimiento y tutela de los derechos y en la
correspondiente preservación de los valores de una sociedad democrática. En suma, la
reparación del daño en este caso reviste efectos resarcitorios y preventivos; en este
último sentido, considera la necesidad de prevenir la reiteración de conductas como la
que dio origen al procedimiento ante las instancias internacionales.
Creo que la Corte pudo ir más lejos en este aspecto de la sentencia, habida cuenta
de las condiciones particulares del caso y de sus protagonistas, es decir, conforme a
las circunstancias que concurren a trazar el panorama completo del caso y de sus
repercusiones sociales y jurídicas. La atención pública
--con sus diversas
consecuencias-- no se presentó solamente en territorio guatemalteco, aunque éste
fuera su ámbito natural y principal. Considérese que la señora Jennifer Harbury vive y
trabaja en los Estados Unidos de América, de los que es ciudadana, y en este país llevó
a cabo diversas acciones tendientes al esclarecimiento de los hechos.
Si se atiende al conjunto de las circunstancias y al propósito de la medida de
satisfacción que entraña esta especie de reparaciones, resultaría pertinente que la
sentencia se publicase asimismo en el lugar donde reside la persona afectada por el
juicio de la opinión pública. En efecto, se trata de que ésta encuentre debida
satisfacción social precisamente en el medio donde normalmente se encuentra y
desenvuelve. Mediante la difusión de ciertos capítulos de la sentencia no sólo se
procura informar al público sobre un hecho relevante, sino también atraer el aprecio
social hacia quienes se vieron involucrados en aquél y padecieron injustamente la
vulneración de sus derechos.
4. Cálculo de daños y resarcimiento
Coincido con mis colegas en la adopción de un criterio de equidad para la definición de
las sumas que corresponden a la reparación de los daños materiales e inmateriales
causados por la violación de derechos humanos en el presente caso, e igualmente
comparto la posición de la sentencia en lo relativo a la cuantía fijada bajo ese
concepto. En el asunto sujeto al conocimiento de la Corte no había elementos
probatorios que permitieran una precisión mejor. En todo caso, estimo plausible que
se haya desestimado --aun cuando se trate sólo del caso sujeto a estudio-- la regla
acogida en diversas sentencias de la Corte a propósito de los ingresos futuros de la
víctima, cuando ésta pierde la vida y se plantea la necesidad de entregar ciertas
cantidades a sus derechohabientes. En esta materia se ha conformado, de tiempo
atrás, un punto de referencia que estimo inadecuado. En diversas ocasiones se ha
dicho que de la cantidad que resulte de la apreciación sobre los ingresos del sujeto y la
expectativa media de vida en condiciones regulares --temas, a su vez, siempre
discutibles--, habrá que deducir un veinticinco por ciento en concepto de gastos
personales de la víctima a lo largo de su vida futura, y conceder la suma restante, es
decir, el setenta y cinco por ciento del total, a sus derechohabientes.
En la realidad de la economía, una realidad severa con la mayor frecuencia --que
marca la perspectiva para las reflexiones de la Corte y la adopción de determinada
metodología--, un individuo difícilmente podría reservar para sí ese veinticinco por