Los hechos del caso se refieren a vulneración de garantías en el proceso penal llevado a cabo en contra Fermín Ramírez, y que desembocó en una sentencia condenatoria a pena de muerte por la violación y muerte de una menor.

La Corte IDH desarrolló estándares acerca del principio de coherencia o correlación entre la acusación y la sentencia y su vinculación con el derecho a la defensa y sobre la compatibilidad del criterio de peligrosidad del agente para la calificación típica de los hechos con el principio de legalidad.