importancia de las expresiones jurídicas de la Comunidad Internacional cuyo superior
valor universal resulta indispensables para garantizar valores esenciales o
fundamentales209. En este sentido, garantizar el interés de las generaciones tanto
presentes como futuras y la conservación del medio ambiente contra su degradación
radical resulta fundamental para la supervivencia de la humanidad210.
B.2.2. Derecho a la salud
130. En relación con el derecho a la salud, la Corte ha advertido que el artículo 34.i y 34.l
de la Carta de la OEA establece, entre los objetivos básicos del desarrollo integral, el de la
“[d]efensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos
conocimientos de la ciencia médica”, así como de las “[c]ondiciones urbanas que hagan
posible una vida sana, productiva y digna”. Por su parte, el artículo 45 destaca que “el
hombre sólo puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden
social justo”, por lo que los Estados convienen en dedicar esfuerzos a la aplicación de
principios, entre ellos el: “h) Desarrollo de una política eficiente de seguridad social”. De
esta forma, tal como ha sido señalado en diversos casos, la Corte reitera que existe una
referencia con el suficiente grado de especificidad para derivar la existencia del derecho a
la salud reconocido por la Carta de la OEA. En consecuencia, el derecho a la salud es un
derecho protegido por el artículo 26 de la Convención 211.
131. Respecto al contenido y alcance de este derecho, este Tribunal recuerda que el
artículo XI de la Declaración Americana permite identificar el derecho a la salud al referir
que toda persona tiene derecho “a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y
sociales, relativas a […] la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los
recursos públicos y los de la comunidad”212. De igual manera, el artículo 10 del Protocolo
de San Salvador establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el
disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, e indica que la salud es un
bien público213. El mismo artículo establece que, entre las medidas para garantizar el
derecho a la salud, los Estados deben impulsar “la total inmunización contra las principales
enfermedades infecciosas”, “la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas,
profesionales y de otra índole”, y “la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos
de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables”.
conclusion on the identification and legal consequences of peremptory norms of general international law (jus
cogens), with commentaries, International Law Commission, 2022, Conclusión 23.
209
Cfr. La denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta de la Organización
de los Estados Americanos y sus efectos sobre las obligaciones estatales en materia de derechos humanos
(Interpretación y alcance de los artículos 1, 2, 27, 29, 30, 31, 32, 33 a 65 y 78 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y 3.l), 17, 45, 53, 106 y 143 de la Carta de la Organización de los Estados
Americanos). Opinión Consultiva OC-26/20 de 9 de noviembre de 2020. Serie A No. 26, párr. 102.
210
Cfr. Opinión Consultiva OC-23/17, supra, párr. 59.
Cfr. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile, supra, párr. 106, y Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris
y otros) Vs. Honduras, supra, párr. 80.
211
212
Aprobada en la Novena Conferencia Panamericana celebrada en Bogotá, Colombia, 1948.
El artículo 10.1 del Protocolo de San Salvador establece: “[t]oda persona tiene derecho a la salud,
entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo
el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y
particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. la atención primaria de la
salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y
familiares de la comunidad; [y] b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos
sujetos a la jurisdicción del Estado”.
213
53