Los hechos del caso se refieren a las masacres ocurridas en junio de 1996 y octubre de 1997 en los corregimientos de La Granja y El Aro, respectivamente, en el Municipio de Ituango, departamento de Antioquia. El asesinato selectivo de 19 campesinos, entre ellos 1 niño y 3 mujeres, fue consecuencia de la incursión paramilitar ocurrida en ambos corregimientos con el apoyo y tolerancia de los miembros de la fuerza pública. Muchas de estas personas antes de ser asesinadas fueron torturadas, se saquearon sus viviendas, y una gran parte del casco urbano fue destruido, obligando al desplazamiento masivo de más de 700 campesinos.

Los hechos de este caso ilustran las graves violaciones de derechos humanos sufridas por la población civil en el marco del conflicto armado colombiano, como consecuencia del accionar conjunto entre los grupos paramilitares y la fuerza pública. En tal sentido, la Corte IDH se refirió de manera específica a los efectos negativos que sufrió la población como consecuencia de la destrucción y quema de las viviendas y el posterior desplazamiento forzado masivo que sufrieron las víctimas, y sentó base jurisprudencial respecto del derecho a la honra y la dignidad y la prohibición de esclavitud o servidumbre.

La Corte IDH determinó la responsabilidad del Estado colombiano por haber propiciado la creación de los grupos de autodefensas “paramilitares” y con ello haber creado una situación de riesgo para sus habitantes y no haber adoptado medidas necesarias  ni suficientes para evitar que se perpetraran las masacres.