Los hechos del caso se relacionan con el despido -en junio de 1989- del Sr. Alfredo Lagos del Campo, presidente del Comité Electoral de la Comunidad Industrial de la empresa Ceper-Pirelli, como consecuencia de declaraciones realizadas durante una entrevista con la revista La Razón en la que denunció actos de injerencia indebida de los empleadores en las organizaciones representativas de los trabajadores en la empresa. El despido fue posteriormente confirmado por los tribunales nacionales.

En su Sentencia, la CorteIDH analizó el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en contextos laborales y estableció violaciones específicas a los derechos económicos, sociales y culturales protegidos en el artículo 26 de la CADH. Adicionalmente, estableció violaciones al acceso a la justicia en la tutela de la estabilidad laboral.