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Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial), todos ellos en relación
con el artículo 1.1 de la Convención que establece la obligación de respetar y
garantizar esos derechos, en perjuicio de los señores Isidro Caballero Delgado y
María del Carmen Santana. Además consideró que se violó el artículo 2 de la
Convención, “en base al principio pacta sunt servanda” por no haberse adoptado
disposiciones de derecho interno tendientes a hacer efectivos tales derechos y el
artículo 51.2 en relación con el 29.b) de la misma, al incumplir las recomendaciones
formuladas por la Comisión. Solicitó a la Corte que requiera al Gobierno “inic[iar] las
investigaciones necesarias hasta identificar y sancionar a los culpables... inform[ar] a
los familiares de las víctimas sobre su paradero... [que declare que] debe reparar e
indemnizar a los familiares de las víctimas por los hechos cometidos por sus
agentes... [y que lo condene] a pagar las costas de este proceso”.
3.
Según la Comisión el 7 de febrero de 1989, en el lugar conocido como la
vereda Guaduas, jurisdicción del Municipio de San Alberto, Departamento de El
Cesar, Colombia, Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana fueron
capturados por una patrulla militar conformada por unidades del Ejército de
Colombia acantonadas en la base militar Líbano (jurisdicción de San Alberto) adscrita
a la Quinta Brigada con sede en Bucaramanga. La detención se habría producido por
la activa participación del señor Isidro Caballero Delgado como dirigente sindical del
magisterio santandereano desde hacía 11 años. Con anterioridad y por el delito de
porte ilegal de armas había estado detenido en la Cárcel Modelo de Bucaramanga y
se le concedió la libertad en 1986; sin embargo desde esa fecha era
permanentemente hostigado y amenazado. María del Carmen Santana, “de quien la
Comisión posee muy poca información, [también] pertenecía al Movimiento 19 de
Abril (M-19)” y colaboraba con Isidro Caballero Delgado promoviendo la participación
del pueblo para la realización del “Encuentro por la Convivencia y la Normalización”
que se realizaría el 16 de febrero de 1989 en el Municipio de San Alberto. Esta era
una actividad organizada por el “Comité Regional de Diálogo”, cuyo objetivo era
“procurar una salida política al conflicto armado, propiciando encuentros, foros y
debates en diferentes regiones”.
4.
Según la demanda el 7 de febrero de 1989, Elida González Vergel, una
campesina que transitaba por el mismo lugar en que fueron capturadas las víctimas,
fue retenida por la misma patrulla del Ejército y dejada en libertad. Ella pudo
observar a Isidro Caballero Delgado con un uniforme militar camuflado y a una mujer
que iba con ellos. Javier Páez, habitante de esa región que les sirvió de guía, fue
retenido por el Ejército, torturado y dejado en libertad posteriormente. Por los
interrogatorios a que fue sometido y por las comunicaciones de radio de la patrulla
militar que lo retuvo supo de la captura de Isidro Caballero Delgado y María del
Carmen Santana y, una vez puesto en libertad, dio aviso a las organizaciones
sindicales y políticas a las que ellos pertenecían, las cuales a su vez, informaron a
sus familiares.
5.
Agrega la demanda que la familia de Isidro Caballero Delgado y varios
organismos sindicales y de derechos humanos iniciaron la búsqueda de los detenidos
en instalaciones militares, donde se negó que Isidro Caballero Delgado y María del
Carmen Santana hubieran sido aprehendidos. Se entablaron acciones judiciales y
administrativas para ubicar el paradero de los desaparecidos y sancionar a los
responsables directos pero no se obtuvieron resultados positivos. Tampoco se obtuvo
reparación de los perjuicios causados.

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