Los hechos del caso se refieren a la ejecución extrajudicial de 15 personas residentes del vecindario Barrios Altos de la ciudad de Lima por parte de 6 individuos fuertemente armados. Al ingresar al lugar, los atacantes dispararon indiscriminadamente huyendo posteriormente en 2 vehículos. Investigaciones judiciales e informes periodísticos revelaron que los involucrados trabajaban para  la inteligencia militar y eran miembros del ejército peruano que actuaban en el llamado Grupo Colina.

A pesar de que los hechos ocurrieron en 1991, las autoridades judiciales sólo iniciaron una investigación seria del incidente en abril de 1995, la que se vio interrumpida por un reclamo de competencia del fuero militar presentado ante la Corte Suprema en razón de que los hechos se relacionaban con militares en servicio activo. Antes que la Corte resolviera el asunto, el Congreso sancionó una ley de amnistía que exoneraba de responsabilidad a los militares, policías y civiles que hubieran cometido o participado, entre 1980 y 1995, de violaciones a los derechos humanos. El efecto de esta ley fue el de determinar el archivo definitivo de las investigaciones judiciales y así evitar la responsabilidad penal de los responsables de la masacre.

La Corte IDH se pronunció sobre la incompatibilidad de leyes de amnistía con la Convención Americana.