Los hechos del caso se refieren a diversas violaciones a las garantías al debido proceso de un grupo de personas a quienes se les había impuesto la pena de muerte como consecuencia de las condenas por el delito de homicidio intencional.

En su Sentencia, la CorteIDH analizó la vigencia y aplicación de la “pena de muerte obligatoria” a la luz de la obligación estatal de respetar y garantizar el derecho a la vida y la obligación de adecuar las normas del derecho interno a la Convención Americana. Adicionalmente, la Corte analizó las condiciones de detención estableciendo que la situación de constante amenaza de que en cualquier momento pueden ser llevados a la horca como consecuencia de una legislación y un proceso contrarios a la Convención Americana, constituye trato cruel, inhumano y degradante.