Los hechos del caso se refieren a las amenazas y el homicidio de Wilson Nogueira de Carvalho, abogado defensor de derechos humanos y activista en contra de grupos de exterminio, y a la impunidad en que quedaron los mismos.

La Corte IDH estableció estándares acerca de la protección a la integridad y vida de los defensores de derechos humanos y la obligación estatal de crear las condiciones necesarias para que puedan llevar adelante su trabajo, destacando el efecto individual y colectivo de las violaciones a los derechos humanos de los/as defensores/as.