Los hechos del caso se refieren al asesinato -en agosto de 2003- de Joe Luis Castillo González abogado defensor de derechos humanos -que trabajaba en la frontera de Venezuela con Colombia en asuntos relacionados con pueblos indígenas y personas refugiadas-, a manos de 2 personas que le dispararon mientras conducía su automóvil en compañía de su familia, la que resultó gravemente herida.

La Corte IDH hizo referencia al deber de prevención de los Estados que se entiende en términos de su obligación de crear condiciones para el pleno y efectivo ejercicio de los derechos, en particular en casos de personas defensoras de derechos humanos. Del mismo modo, la Corte IDH aplicó estándares de debida diligencia en la investigación de muertes violentas.