Los hechos se relacionan con la solicitud de protección a la vida y la integridad de María del Rosario Guerrero Gallucci y su esposo Adolfo S. Martínez Barrios debido a la pertenencia –de la primera- al grupo de derechos humanos del Estado Guárico y su denuncia pública sobre la ejecución de más 100 personas por parte de la Policía Nacional.