2 que se violó el artículo 2 de la Convención, por no haber adoptado disposiciones de derecho interno tendientes a hacer efectivos tales derechos “en base al principio pacta sunt servanda” y el artículo 51.2 de la misma en relación con el 29.b, al incumplir las recomendaciones formuladas por la Comisión. Solicitó que la Corte declare que el Gobierno debe “inic[iar] las investigaciones necesarias hasta identificar y sancionar a los culpables [. . .], inform[ar] a los familiares de las víctimas sobre su paradero [. . .], reparar e indemnizar a los familiares de las víctimas por los hechos cometidos por sus agentes [. . .] [y] pagar las costas de este proceso”. Designó como su delegado para que la represente a Leo Valladares Lanza, miembro y como asistentes a Edith Márquez Rodríguez, Secretaria ejecutiva y Manuel Velasco Clark, abogado de la Secretaría. Designó como asesores legales para el presente caso a los señores Gustavo Gallón Giraldo, María Consuelo del Río, Jorge Gómez Lizarazo, Juan E. Méndez y José Miguel Vivanco. 3. La demanda junto con sus anexos fue remitida al Gobierno por la Secretaría de la Corte el 15 de enero de 1993, previo examen de la misma hecho por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”). 4. Mediante carta de 28 de enero de 1993 el Gobierno de Colombia comunicó la designación del abogado Jaime Bernal Cuéllar como agente y del abogado Weiner Ariza Moreno como agente alterno. 5. El Presidente mediante resolución de 5 de febrero de 1993 y a solicitud del Gobierno, resolvió otorgarle una prórroga de 45 días al plazo establecido en el artículo 29.1 del Reglamento para contestar la demanda en este caso. La contestación de la demanda fue entregada el 2 de junio de 1993. Igualmente el 16 de febrero de 1993, se le otorgó una prórroga de 15 días para la presentación de excepciones preliminares. 6. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento, el 2 de marzo de 1993 el Gobierno interpuso excepciones preliminares. La Comisión respondió dichas excepciones preliminares el 6 de abril de 1993. 7. Por resolución de 3 de junio de 1993 el Presidente dispuso convocar a una audiencia pública en la sede de la Corte para el día jueves 15 de julio de 1993, a las 15:00 horas, con el fin de oír las observaciones de las partes sobre las excepciones preliminares presentadas por el Gobierno. 8. El 12 de julio de 1993 fue electo Presidente de la Corte el Juez Rafael Nieto Navia. Como el nuevo Presidente es nacional de Colombia cedió, mediante resolución de 13 de julio de 1993, la presidencia para el conocimiento de este caso a la Juez Sonia Picado Sotela, Vicepresidenta. 9. La audiencia pública tuvo lugar en la sede de la Corte en la fecha y hora previstas. Comparecieron ante la Corte por el Gobierno de Colombia: Jaime Bernal Cuéllar, agente Weiner Ariza Moreno, agente alterno Francisco Javier Echeverri, asesor; por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

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