Que dicha ley garantice a todas las víctimas de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, el acceso a la Justicia, para la elaboración de políticas públicas dirigidas a recuperar y dignificar la memoria y los valores de quienes fueron víctimas de estas prácticas de terrorismo de Estado. Que brinde satisfacción a los elementos estándares que conforman la justicia de transición, que se investiguen los hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos durante la represión, que pueda cumplir el requisito de la verdad, el derecho de las víctimas a saber, tanto en lo relativo al derecho de acceso a la información, como el derecho a conocer la identidad y ubicación de los perpetradores de las ejecuciones extrajudiciales, actos de torturas y violencia sexual, el paradero de las personas detenidas y desaparecidas. En concreto que esta ley garantice: la verdad; la Justicia; la Reparación, y las Garantías de no Repetición; La construcción y preservación de la Memoria Histórica, incluyendo una ley de víctimas y un programa de reparación integral a las víctimas de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional. 7.2 Emisión de una Ley para la Investigación de la Responsabilidad de toda la Cadena de Mando. Una ley que permita investigar a las personas de la [c]adena de [m]ando que se vieron involucradas en los crímenes, por razones políticas de los años ochenta y el asesinato de Herminio Deras en particular; con la participación coordinada de diferentes agentes en diferentes niveles y estructuras jerárquicas y en el ejercicio de funciones distintas. 7.3 Adecuación de la legislación Interna Respecto a la Tortura. Que el Código Penal vigente se adecúe en cuanto a penas, atenuantes y agravantes de conformidad al artículo 4 párrafo 2 de la Convención contra la Tortura y Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, a efectos de garantizar la aplicación de la justicia en los casos de ejecución extrajudicial, actos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. 7.4 Políticas de preservación de archivos y sitios de conciencia Respecto a la preservación, el Estado podría considerar la creación de un fondo documental sobre las violaciones de derechos humanos cometidas entre los años 80 y el presente, en el que se identifique aquellos documentos en posesión de las fuerzas de seguridad y otras instituciones públicas atingentes a las violaciones de derechos humanos. La construcción de este fondo documental requeriría la aplicación de principios de transparencia gubernamental y acceso a la información, declarando abrogadas todas las disposiciones que impidan la desclasificación de informaciones relativas a las violaciones de los derechos humanos. En particular, debe declararse que la noción de "seguridad nacional" no puede ser utilizada para impedir el acceso a informaciones relativas a las violaciones de los derechos humanos. El fondo documental debería estar abierto a donaciones de organizaciones sociales e individuos, tales como organismos defensores de los derechos humanos, agrupaciones de víctimas y medios de prensa. 7.5 Políticas de educación en memoria En Honduras, la historia de los períodos de violencia debería ser enseñada en diversos momentos de la educación primaria y secundaria, en forma ágil, pedagógica y creativa. Instrumentos tales como el informe del Ombudsman de los derechos humanos sobre la desaparición forzada y el de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, deberían ser incorporados en el currículo educativo facilitando su adaptación y síntesis a diversos formatos y modelos, incluyendo el libro de texto escolar, como la historieta, la multimedia, la historia oral entre otros. Con base a lo expuesto, la Procuraduría General de la República se compromete a impulsar por medio de las instituciones competentes y de quienes tienen exclusivamente la iniciativa de ley, la emisión de políticas públicas y legislación que regule los aspectos antes enunciados. 112. En vista de lo anterior, la Corte dispondrá a continuación las garantías de no repetición que el Estado deberá adoptar. F.1. Política nacional de memoria histórica 32