Los hechos del caso se refieren a la cesantía -ocurrida en 1982- de Norka Moya Solís -quien se desempeñaba como Secretaria Judicial del Tercer Juzgado del Fuero Privativo del Trabajo y Comunidades Laborales-, y las garantías aplicables a los procesos administrativos sancionatorios.

En particular, la CorteIDH analizo el derecho a conocer previa y detalladamente la acusación y contar con los tiempos y medios adecuados para el ejercicio de la defensa, así como el deber de motivar las decisiones y el principio de legalidad. Adicionalmente, se evaluó la efectividad del recurso y la relación entre el acceso a la justicia y el plazo razonable.