14. La “estrategia” de una demanda SLAPP consiste en cargar al demandado con unos costes de litigio tan gravosos que le hagan desistir, cesar o retractarse de su discurso, o bien enfrentar la amenaza de una sanción de cárcel o de indemnizaciones monetarias tan altas que produzcan un efecto de auto-censura y retractación de lo afirmado. Ante ello, en algunas latitudes se han impulsado la creación de leyes “anti-SLAPP”. Estas leyes buscan disuadir las demandas SLAPP, incrementando las protecciones legales disponibles para los demandados. Estas leyes permiten a los demandados un recurso para que se desestimen las demandas que carezcan de fundamento jurídico, o que busquen censurar indirectamente a quienes emiten expresiones que incomoden a una determinada persona o sector (como podría ser un gobernante o un grupo empresarial), especialmente cuando estás cuestiones incluyen críticas al gobierno y son asuntos de interés público. 15. La legislación de Ontario es un ejemplo pertinente del tipo de disposiciones que sehan realizado para combatir el SLAPP. En el año 2015, en un esfuerzo por abordar las demandas con el objetivo de silenciar o intimidar a los críticos, se promulgó la “Protection of Public Law Act” (Ley de Protección a la Participación Pública)14. Uno de los propósitos de la ley es desincentivar las demandas que buscan limitar la libertad de expresión en asuntos de interés público, y de esta forma reducir el riesgo de la participación en dichos asuntos. Para lograrlo, dicha ley establece mecanismos que permiten que un juez desestime este tipo de demandas cuando se advierte que se refiere a un asunto de interés público, salvo en las excepciones que la misma norma prevé. Estas excepciones se refieren, inter alia, a casos donde el juez advierta que el daño sufrido por el demandante podría sobrepasar el interés público de la expresión que lo generó15. 16. En la Sentencia se aborda la problemática que plantean las demandas SLAPP en tres momentos distintos que es importante destacar, y entender de forma interrelacionada. En primer lugar, la Sentencia realizó una consideración general respecto a la necesidad de la protección que la libertad de expresión ofrece a los periodistas, de forma tal que puedan reunir, recolectar y difundir sus ideas. La importancia de la protección a los periodistas resulta esencial no solo para efectos de la protección individual de la libertad de expresiónde quien realiza actividades periodísticas, sino también para quienes reciben el mensaje que transmite –es decir en su dimensión social-. De esta forma, la Sentencia afirma que las demandas SLAPP dirigidas contra quienes toman la voz pública, constituyen una amenaza a la libertad de expresión, y por lo tanto constituyen un uso abusivo de los mecanismos judiciales que debe ser regulado y controlado por los Estados16. 17. En relación con lo anterior, se establece el deber de crear mecanismos alternativos a la vía penal para que los funcionarios públicos obtengan una rectificación o respuesta cuando su honor o buen nombre ha sido lesionado. La protección señalada tiene una vinculación directa con el precedente de Álvarez Ramos y puede entenderse como una protección para el ejercicio del periodismo en la lógica de las leyes anti-SLAPP, en la medida en que prohíbe la utilización del derecho penal para demandar la protección al honor o el buen nombre de funcionarios públicos, y establece que las sanciones civiles deben ser proporcionales. Se trata de una protección más a la libertad de expresión –que puede ser especialmente relevante en casos donde la autoridad utilice los mecanismos judiciales para callar opositores políticosque excluye la posibilidad de la sanción penal en determinados supuestos. En palabras de la Corte: 14 Cfr. Protection of Public Participation Act, 2015, S.O. 2015, c. 23 - Bill 52 15 Cfr. Protection of Public Participation Act, 2015, S.O. 2015, c. 23, 137.1 (4) (b). Cfr. Palacio Urrutia y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2021, párr. 95. 16 5