INFORME No. 23/11
CASO 12.519
FONDO
LEOPOLDO GARCÍA LUCERO Y FAMILIA
1
CHILE
23 de marzo de 2011

I.

RESUMEN

1.
La organización Seeking Reparation for Torture Survivors (“REDRESS”) (en adelante
“los peticionarios”) presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante “la Comisión”, “la CIDH” o “la Comisión Interamericana”) en contra de la República de Chile (en
adelante “el Estado”, “el Estado chileno” o “Chile”) por la presunta violación a los derechos establecidos
en los artículos 5.1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la
Convención Americana” o “la Convención”), en relación con la violación de las obligaciones generales
establecidas en los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento, así como el artículo 9 de la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, por la falta de investigación de alegados actos de
tortura ocurridos entre el 16 de septiembre de 1973 y el 12 de junio de 1975, así como la falta de una
adecuada y oportuna reparación del daño sufrido por el Sr. Leopoldo García Lucero (en adelante
“Leopoldo García Lucero”, “el Sr. García Lucero” o “la presunta víctima”). Actualmente, el Sr. García
Lucero y su familia residen en el Reino Unido, país que lo aceptó como refugiado desde su expulsión del
territorio chileno por decreto del Ministerio de Interior en junio de 1975. Los peticionarios sostienen que el
Sr. García Lucero se encuentra en una situación de doble vulnerabilidad –la cual no habría sido
debidamente tomada en cuenta por el Estado- al ser exiliado y sufrir una discapacidad permanente,
producto de la tortura.
2.
El Estado, por su parte, alega que el presente caso versa únicamente sobre la
reparación del Sr. García Lucero y no respecto de los actos de tortura, la investigación de los mismos por
parte del Estado o la existencia del Decreto Ley de amnistía en Chile. En este sentido, alega que la
Comisión sólo tiene competencia para examinar las obligaciones del Estado en este caso a partir de la
vigencia de la Convención Americana respecto de Chile desde el 21 de agosto de 1990. Asimismo, el
Estado sostiene que el Sr. García Lucero, como miles de chilenos, ha sido beneficiario del Programa de
Reparaciones creado por el Estado, en virtud del cual efectivamente ha recibido indemnización, y que
podría también tener acceso a beneficios relacionados con el Programa de Reparación y Ayuda Integral
en Salud y Derechos PRAIS, como otras víctimas de tortura lo han hecho.
3.
En el presente informe, la CIDH concluye que el Estado chileno es responsable de las
violaciones a los derechos consagrados en el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre (en adelante “la Declaración Americana”) y artículos 5.1, 8.1 y 25.1 de la
Convención Americana, en relación con las obligaciones consagradas en los artículos 1.1 y 2 de dicho
instrumento, así como la obligación contenida en el artículo 8 de la Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio del Sr. García Lucero y su familia.
4.
Por lo tanto, la Comisión recomienda al Estado chileno (1) reparar integral y
adecuadamente a Leopoldo García Lucero y su familia por las violaciones a los derechos humanos
establecidas en este informe, atendiendo a su situación particular, al encontrarse exiliado y sufrir de una
discapacidad permanente; (2) asegurar que Leopoldo García Lucero y su familia tengan acceso al
tratamiento médico y psiquiátrico/psicológico necesarios para atender a su recuperación física y mental
en el centro de atención especializada de su escogencia y lugar de residencia, o los medios para
obtenerlo; (3) adoptar las acciones necesarias para dejar sin efecto de manera permanente el Decreto
Ley No. 2191 –al carecer de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana, ya que puede
impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de personas responsables por graves
1

El Comisionado Felipe González, de nacionalidad Chilena, no participó en el análisis y la votación de este informe, de
conformidad con lo establecido en el artículo 17(2) del Reglamento de la Comisión.

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