Los hechos del caso se relacionan con los procesos disciplinarios iniciados por el Procurador General de la Nación contra el Sr. Petro quien se desempeñaba como Alcalde Mayor de Bogotá, y las violaciones al debido proceso ocurridos durante su trámite.

En su Sentencia, la CorteIDH desarrolló el alcance de los derechos políticos, en relación con la destitución, por parte de una autoridad administrativa disciplinaria, de funcionarios públicos democráticamente electos.