10 de la zona por parte del Ejército. Asimismo, mencionó, entre otras cosas, que su solicitud “se encontr[aba] motivada en los hechos graves y actuales relatados, aunados a los factores de riesgo que dieron lugar a la solicitud original, y que afectan a un número significativo de familias que han constituido zonas humanitarias y zonas de biodiversidad, que son espacios plenamente identificables, como mecanismo de protección de su derecho a la vida e integridad personal y comunitaria”. Como antecedentes a su solicitud de ampliación, mencionó que el año pasado los representantes le presentaron una solicitud de medidas cautelares a favor de algunas zonas humanitarias y de biodiversidad con base en “los mismos factores de riesgo de las medidas provisionales”, ante lo cual solicitó información al Estado. Posteriormente, recibió de los representantes una solicitud para que ampliara las presentes medidas provisionales. Esta solicitud estuvo basada en el “supuesto retiro del [E]jército de la zona por más de ocho días, en la permanencia de decenas de militares[,] en el esporádico y limitado retorno militar a la zona, aunado a factores de riesgo compartidos por las zonas humanitarias beneficiarias de medidas provisionales”, y en el aumento del número de familias beneficiarias de las presentes medidas provisionales, entre otros. 25. En términos generales, la Comisión Interamericana distingue cuatro situaciones diferentes que sustentan su solicitud, a saber: el “[a]umento de familias dentro de las beneficiarias de medidas provisionales por razones de nuevas uniones”, la “[l]legada de nuevas familias no relacionadas con las beneficiarias a las zonas humanitarias y de biodiversidad protegidas por medidas provisionales”, el “[d]esplazamiento de familias beneficiarias de medidas provisionales a nuevas zonas humanitarias y de biodiversidad”, y la existencia de “zonas humanitarias y de biodiversidad no beneficiarias de medidas provisionales”. La Comisión se refirió con precisión a la manera en que se presentaría una situación de extrema gravedad y urgencia y de peligro de daño irreparable respecto a estas cuatro situaciones. Asimismo, la Comisión también mencionó como justificación de su solicitud la existencia de un supuesto “[p]lan de asesinatos colectivos de líderes y lideresas”, entre los cuales se encontrarían tanto beneficiarios de estas medidas provisionales como personas que no lo son. Finalmente, la Comisión presentó al Tribunal mapas interactivos elaborados con la finalidad de ilustrar su solicitud. 26. Sobre esta solicitud, en primer término, el Estado manifestó que no se cumplían los requisitos de procedibilidad de extrema gravedad y urgencia, y peligro de daño irreparable, para la ampliación de las medidas provisionales. Entre otros, reiteró que el Ejército no se ha retirado de la zona y que es necesario agotar los canales legales con los que cuenta la legislación nacional para la defensa de los derechos de los beneficiarios, frente a cualquier posible vulneración (supra considerando 23). En tal sentido, manifestó la necesidad de que las denuncias pertinentes se hagan en tiempo real, pues “es evidente que al desconocer tal información el Estado no podrá actuar y terminará […] incumpliendo la responsabilidad que le asiste”, y señaló que existe “una amplia gama de recursos efectivos e idóneos que les permiten acceder al aparato estatal y obtener respuesta del mismo”. En esta situación se ubican, por ejemplo, las aseveraciones de los representantes sobre que las operaciones y la supuesta presencia de grupos paramilitares y sus actuaciones delictivas se llevan a cabo “amparadas por la Fuerza Pública”. En opinión del Estado, estas son afirmaciones “delicadas y deben ser formuladas con el debido sustento y, desde luego, denunciadas ante las autoridades correspondientes”. 27. Asimismo, de manera general, el Estado señaló que está comprometido con “la erradicación de todos los grupos al margen de la ley que realizan actos de violencia”, y que para ello se han llevado a cabo acciones tanto legislativas y de otro orden con miras a la consecución de la paz en Colombia, tales como las que realizan la Policía Nacional y el Ejército en el Bajo Atrato. Asimismo, indicó que los representantes constantemente remiten documentos que