Los hechos del caso se refieren a la detención ilegal y arbitraria de Juan Carlos Chaparro Álvarez, de nacionalidad chilena, dueño de la fábrica “Aislantes Plumavit Compañía Limitada”, y de Freddy Hernán Lapo Íñiguez, de nacionalidad ecuatoriana, gerente de dicha fábrica. Tales detenciones se produjeron -en noviembre de 1997- en el marco de la llamada “Operación Antinarcótica Rivera” en la cual se incautaron cajas térmicas, similares a las fabricadas en la empresa de las víctimas, en las que se detectó la presencia de clorhidrato de cocaína y heroína.

La Corte IDH desarrolló estándares sobre prisión preventiva así como sobre la efectividad de los recursos disponibles para controvertir la misma. También resaltó que las decisiones adoptadas por órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serán decisiones arbitrarias. En este sentido estableció que  la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En este caso, la falta de motivación de las decisiones impidió que la defensa conociera las razones por las cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó la tarea de presentar nueva evidencia o argumentos para lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante.

La Corte IDH elaboró también estándares sobre la adopción de medidas cautelares reales en relación con el derecho a la propiedad.