Los hechos del caso se refieren al cese arbitrario -en noviembre de 2004- de 8 vocales del Tribunal Constitucional de Ecuador mediante una resolución del Congreso Nacional, y la tramitación de varios juicios políticos contra algunos de estos vocales violatorios de garantías procesales y del derecho de defensa.

La Corte IDH analiza en qué medida el cese masivo de jueces constituye un atentado con la independencia judicial y el orden democrático. Tomando como referencia su precedente del caso Tribunal Constitucional vs. Perú, desarrolla el alcance de las garantías procesales en este tipo de instancias.