Los hechos del caso se refieren a la detención ilegal, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de un profesor y grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, Lima, ocurrida en la madrugada del 18 de julio de 1992, y que contó con la participación de efectivos del ejército peruano y agentes del grupo “Colina”. Este grupo -adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional- tenía a su cargo la identificación, control y eliminación -mediante acciones sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales indiscriminadas, asesinatos colectivos, desapariciones forzadas y torturas- de aquellas personas que se sospechaba pertenecía a los grupos insurgentes o contrarias al régimen del Presidente Fujimori.

Fueron abiertas investigaciones que tramitaron en la jurisdicción militar, pero los hechos quedaron impunes, situación que fue reforzada por la aplicación de leyes de amnistía. Según la interpretación de la Corte IDH los hechos de la Cantuta se favorecieron por la situación generalizada de impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos de la época, propiciada y tolerada por la ausencia de garantías judiciales e ineficacia de las instituciones judiciales para afrontar las violaciones sistemáticas de derechos humanos.

La Corte IDH aplicó; estándares sobre desaparición forzada de personas y sobre la obligación estatal de investigar ex officio, sin dilación, y de forma seria, imparcial y efectiva.