21 De la Corte Interamericana espera que “se haga justicia, […] se revindique la memoria de [su] marido, se abr[a] un juicio imparcial […] y en la medida que […] se haga justicia nunca nadie más vuelva a sufrir lo que [ella] sufrió”. Además, señaló que desea que “se derogue [el Decreto] Ley No. 2.191 y se vea que la ley de amnistía no sirve”. b) Declaración de Jorge Correa Sutil, testigo propuesto por el Estado En su opinión, “las políticas del gobierno democrático, desde el año 1990 a la fecha, han estado fuertemente influidas por dos propósitos. Esto es, en primer lugar, la prevención de futuras violaciones de derechos humanos, y en segundo lugar, la reparación a las víctimas”. “Con ese propósito la primera gran medida […] fue la creación de una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación [la cual hizo] una declaración explícita respecto de la calidad de víctimas de cada una de esas personas, las que fueron luego complementadas por una segunda comisión, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación entre los años 92 y 96, llegando aproximadamente a la individualización de cerca de algo más de 3000 víctimas. Respecto de cada una de ellas el Estado de Chile a través del poder legislativo declaró solemnemente su derecho a conocer la verdad de lo ocurrido y a conocer la suerte de los detenidos-desaparecidos y los ejecutados sin la entrega de restos y proveyó una serie de medidas de reparación al respecto. Talvez lo más importante fue la publicación del Informe [de la Comisión de la Verdad] que significó de alguna manera colocar en la opinión la posibilidad de un repudio social respecto de hechos que habían sido negados o distorsionados gravemente por el Gobierno militar, como era precisamente el caso de los muertos y desaparecidos. Se reivindicó o se hizo el intento de reivindicar de alguna manera el buen nombre de aquellos que habían muerto o desaparecido, con acusaciones de que eran terroristas, o habían escapado del país”. “Respecto de cada uno de ellos, se establecieron también medidas de reparación consistentes en pensiones periódicas a sus viudas, a sus familiares […] se les otorgaron becas de estudio, y se proveyeron otra serie de medidas de carácter de salud y de exención del servicio militar obligatorio, una carga común en el país, respecto de los hijos de estos familiares. Se estableció también la obligación del Estado de propender a la memoria de estos casos a través de memoriales o formas de recuerdo de lo ocurrido precisamente para poder canalizar el repudio social”. “El Estado continúa adelante con esa política de reparación y […] una segunda oleada de actividad gubernamental vino fuertemente a raíz de […] algunos casos judiciales emblemáticos, [en particular el] encarcelamiento del General Contreras quien había sido el jefe de la Policía Secreta en Chile […] y la detención del General Pinochet en Londres”. Esos casos volvieron a “despertar en el país una conciencia fuerte respecto de la deuda todavía pendiente en materia de derechos humanos y fue el momento a través de la llamada Mesa de diálogo[,] un segundo hito de este trabajo. Un momento de reconocimiento por parte de las Fuerzas Armadas […] el reconocimiento del mal causado y por lo tanto esta verdad de las más graves violaciones a los derechos humanos no solo fue conocido sino también, […] por primera vez en Chile es reconocida por parte de sus autores”. “Un tercer momento de actividad gubernamental […] se encuentra ubicado en el año 2003. [Este año] vuelve a producirse a raíz de hechos más bien políticos, un debate en el país respecto de lo realizado en materia de derechos humanos y el Gobierno vuelve