INFORME No. 4/09
PETICIÓN 914-98
ADMISIBILIDAD
MIEMBROS DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE ECASA
PERÚ
11 de febrero de 2009
I.

RESUMEN

1.
El 11 y 12 de noviembre de 1998 la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante también "la Comisión Interamericana", "la
Comisión" o "la CIDH") recibió una petición presentada por el señor Jesús Mogollón,
Pablo Álvarez y el Sindicato Único de Trabajadores de ECASA1 (en adelante también
“el SUTECASA” o "los peticionarios") a favor de los miembros del Sindicato Único de
Trabajadores de ECASA (en adelante también “las presuntas víctimas”), en la cual se
alega la violación por parte de la República de Perú (en adelante también "Perú", "el
Estado" o "el Estado peruano") de los derechos consagrados en los artículos 8, 24 y
25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la
Convención Americana”, “la Convención” o la “CADH”).
2.
Los peticionarios indicaron que en el marco del proceso de
privatización de empresas estatales en el año 1991, el gobierno decidió liquidar a la
Empresa Comercializadora de Alimentos S.A. (en adelante también “ECASA”)
generando el despido de las presuntas víctimas en desconocimiento de las garantías
establecidas en el Pacto Colectivo que las regía, todo con sustento en los Decretos
057-90-TR y 107-90-PCM, mediante los cuales se dispuso suspender los incrementos
salariales fijados por Convenios Colectivos. Los peticionarios indicaron que ante esta
situación interpusieron recurso de amparo que resultó favorable en todas las
instancias. Detallaron que la decisión definitiva estableció la inaplicabilidad de los
referidos decretos para los trabajadores de ECASA, pero que el Estado peruano se
ha abstenido de reponer las cosas al estado anterior de esa aplicación, mediante el
pago de los beneficios adeudados y reconocidos por diversas instancias estatales.
3.
Por su parte, el Estado de Perú argumentó que la sentencia que se
alega incumplida tan sólo declaró la inaplicabilidad de los Decretos, sin establecer el
pago de sumas a favor de las presuntas víctimas. El Estado indicó que para lograr el
pago de los beneficios que los peticionarios consideran adeudados, les corresponde
iniciar un proceso laboral ordinario declarativo sobre dicha deuda. En ese sentido, el
Estado argumentó que los peticionarios no agotaron los recursos internos pues
utilizaron la vía judicial errónea al acudir a un mecanismo constitucional y no al
referido proceso laboral.
4.
Tras examinar la posición de las partes a la luz de los requisitos de
admisibilidad establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la
Comisión concluyó que es competente para conocer el reclamo presentado y que la
petición es admisible por la presunta violación de los derechos consagrados en los
artículos 21, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones
generales establecidas en los artículos 1(1) y 2 del mismo instrumento. Los artículos
2 y 21 de la Convención han sido incorporados por la Comisión en virtud del principio
iura novit curia. La Comisión también concluyó que la petición es inadmisible en
cuanto a la presunta violación del artículo 24 de la Convención Americana. En
consecuencia, la Comisión decidió notificar a las partes, hacer público el presente
Informe de Admisibilidad e incluirlo en su Informe Anual.

1 Posteriormente el señor José Chulles Espinoza se constituyó en co-peticionario.

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