Los hechos del caso se refieren a la toma y la retoma del Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, en Bogotá, Colombia, ocurrida, entre los días 6 y 7 de noviembre de 1985.

El 6 de noviembre, un comando guerrillero del grupo M-19 realizó la toma del Palacio de Justicia, sobre lo cual el servicio de inteligencia del ejército tenía información. A pesar de ello, dos días antes de la toma, fue retirada la seguridad que brindaba la Policía Nacional a los jueces y personal que trabajaba en el Palacio de Justicia.Los altos mandos de las Fuerzas Armadas de Colombia decidieron recuperar el Palacio de Justicia a través de un operativo militar y de inteligencia que sólo cesaría 27 horas después. Durante la operación, murieron aproximadamente 100 personas, incluyendo magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Al final de la operación, muchos salieron con vida del edificio del Palacio de Justicia. A pesar de esto, fueron tratados como sospechosos de pertenecer al M 19, torturados y en algunos casos desaparecidos y o ejecutados. Entre estas personas se encontraban las víctimas del presente caso.

La CorteIDH analizó la responsabilidad del Estado a la luz de las obligaciones internacionales en relación con los graves delitos de tortura, desaparición forzada y ejecución, así como la obligación de investigar estos hechos a través de una jurisdicción ordinaria y no la jurisdicción militar.