-14• • • vii. comunicación oficial, de forma individualizada, a todas las comunidades a lo largo del Río Bobonaza del contenido y alcance de las medidas provisionales, así como de las sanciones que acarrearía el no dejar que circulen libremente los habitantes de Sarayaku; investigación y sanción de los responsables de los ataques a miembros de Sarayaku por transitar en el Río Bobonaza; y retiro del destacamento militar en Jatún Molino; se retiren los explosivos sembrados en el territorio legal de la Comunidad de Sarayaku por parte de la compañía petrolera CGC, en particular aquellos sembrados en el área tradicional de cacería de la Comunidad. 20. El escrito de 18 de enero de 2005, mediante el cual el Estado reiteró su solicitud de que se celebre una audiencia pública durante el próximo período ordinario de sesiones. 21. El escrito de 25 de enero de 2005, mediante el cual la Comisión remitió sus observaciones al segundo informe estatal. En dicho escrito manifestó, inter alia, que: a) observaba con preocupación la continuidad de acciones de amenazas contra el presidente y otros miembros de la Comunidad Sarayaku que les impide desplazarse libremente por el río Bobonaza. Ello demuestra que la situación de extrema gravedad y urgencia persiste, sin que el Estado haya tomado medidas efectivas para proteger el derecho a la vida y la integridad personal de los beneficiarios; b) a seis meses de otorgadas las medidas provisionales, la obligación de garantizar el derecho a la libre circulación continúa pendiente, lo que produce graves perjuicios a los beneficiarios de las medidas; c) el Estado no ha aportado información sobre las medidas adoptadas para investigar los hechos que motivaron las medidas provisionales; d) consideraba que en su próximo informe, el Estado debe aportar información sobre la investigación iniciada a raíz de la denuncia de estos hechos por el propio señor Mario Santi ante el Fiscal General del Ecuador por las amenazas de que fue objeto en diciembre de 2004; e) corresponde mantener la vigencia de las medidas provisionales y el Estado debe adoptar acciones para dar debido cumplimiento a las mismas; y f) sería pertinente que la Corte requiriera que en su próximo informe el Estado proporcione información específica sobre: i. ii. las acciones adoptadas para restaurar la seguridad en la zona de Canelos; y las acciones de investigación sobre los hechos con que se relacionan las medidas con mención particular sobre las amenazas de que fue objeto el señor Mario Santi en diciembre de 2004.