Los hechos del caso se refieren a ejecución extrajudicial de Pedro Huilca Tecse, un líder sindical peruano, ocurrida el 18 de diciembre de 1992, que fue llevada a cabo por miembros del grupo “Colina”, un escuadrón vinculado al Servicio de Inteligencia del Ejercito del Perú.

La Corte desarrolló estándares sobre el derecho de asociarse libremente con otras personas, sin intervención de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan su ejercicio. Asimismo, interpretó la ejecución de un líder sindical no sólo como una restricción a la libertad de asociación del individuo, sino también como una afectación al derecho y a la libertad de determinado grupo a asociarse libremente, sin miedo, concluyendo que los hechos del caso tuvieron un efecto amedrentador en los trabajadores/as del movimiento sindical peruano disminuyendo la libertad de ese grupo para ejercer tal derecho.