Los hechos del caso se relacionan con las restricciones al derecho a la libertad de expresión de 20 periodistas y trabajadores de medios de comunicación vinculados a la emisora de televisión Compañía Anónima Radio Caracas Televisión (RCTV), entre los años 2001 a 2004.

La Corte IDH estableció estándares sobre la obligación estatal de prevenir situaciones de hostigamiento que afecten el ejercicio de la libertad de expresión. Adicionalmente analizó el eventual sesgo de género respecto de las agresiones sufridas por mujeres periodistas.