2 realización de fines comunes, para favorecer o asegurar la participación de grupos específicos (párr. 215). (3) De acuerdo a la legislación interna, el Estado está obligado a respetar las formas de organización de las comunidades de la Costa Atlántica. El Estado no ha demostrado la existencia de un interés público imperativo que pudiera justificar el requisito de que YATAMA deba constituirse en partido político para que sus miembros puedan participar como candidatos en las elecciones o de que éstos deban participar a través de partidos políticos (párr. 218). (4) Con base en las anteriores consideraciones (énfasis añadido), la restricción impuesta constituye una limitación indebida al ejercicio de un derecho político “tomando en cuenta las circunstancias del presente caso, a las que no son necesariamente asimilables todas las hipótesis de agrupaciones para fines políticos que pudieran presentarse en otras sociedades nacionales o sectores de una misma sociedad nacional” (párr. 219). “[C]ualquier requisito para la participación política diseñado para partidos políticos, que no podrá ser cumplido por agrupaciones con diferente organización, es también contrario a los artículos 23 y 24 de la Convención Americana” (párr. 220). En mi entendimiento, la ratio expuesta en el punto (4) supra es una interpretación innecesariamente indirecta y potencialmente desorientadora de la naturaleza del derecho consagrado en el artículo 23.1.b, cuyos lenguaje y propósito no podrían ser más claros. Un “ciudadano” -quien debe ser obviamente una “persona” y no un grupo, en los términos del artículo 1.2– tiene un derecho absoluto “de votar y ser elegido” en elecciones democráticas, tal como lo establece el referido artículo. De ese modo, cualquier requisito de que un “ciudadano” deba ser miembro de un partido político o de cualquier otra forma de organización política para ejercer aquel derecho viola claramente tanto el espíritu como la letra de la norma en cuestión. Es completamente irrelevante si ese requisito puede o no ser “cumplido por agrupaciones con diferente organización”, como por ejemplo, en el presente caso, YATAMA. Es el derecho individual del “ciudadano” individual el que se encuentra proclamado y debe ser protegido por la Corte. Me preocupa que al incluir cuestiones de cultura, costumbre y formas tradicionales de organización en su decisión sobre este tema, la Corte está corriendo el riesgo de disminuir la protección que debe estar disponible a todo “ciudadano” bajo la jurisdicción de cada Estado, independientemente de la cultura, las costumbres o formas tradicionales de asociación del ciudadano. Por lo tanto, en mi opinión, al haber impuesto el requisito en discusión -sin más–, el Estado violó el derecho de los miembros de YATAMA de votar y ser elegidos. Mi opinión se encuentra respaldada por una lectura cuidadosa de las secciones relevantes de los trabajos preparatorios de la Convención. Surge de éstos que la conferencia que redactó y aprobó la Convención rechazó específicamente una propuesta que pudiera haber incluido en el actual artículo 23.1 un derecho a pertenecer a partidos políticos cuyas actividades serían “protegidas” por la ley. Sería una gran lástima si la presente sentencia de la Corte abriera ahora el camino a interpretaciones de ese importante artículo que los autores de la Convención, en su sabiduría, se esforzaron por excluir.