emitió ningún tipo de instrucción, resolución o acuerdo que reflejara su interés de cumplir con el mandato constitucional” 30. 76. Agregaron que el Estado les estaba vulnerando su derecho a la vida y a la salud 31. Solicitaron que se le ordenara al Presidente “el traslado de los fondos presupuestarios necesarios para la compra, distribución sistemática y diaria de los tratamientos antirretrovirales necesarios para mantener [su] vida, así como el adecuado y permanente seguimiento de las personas que viv[en] con el VIH/SIDA en Guatemala” 32. Agregaron que se debería ordenar la compra de tratamientos antirretrovirales genéricos de calidad para una atención masiva y no selectiva como se hace para las 27 personas que reciben atención del Estado 33. 77. El 1 de agosto de 2002 el entonces Presidente de la República, Alfonso Portillo, presentó un escrito de comparecimiento ante la Corte de Constitucionalidad 34. Indicó que en el presente caso “no se evidencia ninguna vinculación entre los recurrentes y el agravio denunciado (…) donde pareciera que se está invocando una causa popular, que de ninguna manera puede ser materia a discutirse en una acción de amparo” 35. 78. El 2 de agosto de 2002 el Ministerio Público presentó un escrito ante la Corte de Constitucionalidad donde señaló que el Presidente de la República “no ha cumplido con la obligación de resolver, dentro del plazo legal, lo relativo a la petición hecha por los postulantes en su carta de 27 de mayo de 2002” 36. Sostuvo que el Presidente “ha infringido el derecho de petición, establecido en el artículo 28 de la Constitución Política de la República, lo que hace viable el otorgamiento de esta acción constitucional” 37. 79. El 10 de octubre de 2002 la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud envió una comunicación a la Corte de Constitucionalidad en donde informó que el 20 de agosto de 2002 el Presidente de la República se reunió con el Ministro de Salud y la Presidenta de la Coordinadora de Sectores de Lucha contra el SIDA, representantes de personas que viven con VIH/SIDA 38. Sostuvo que en esa reunión el Presidente autorizó una partida extraordinaria de 500,000.00 quetzales “para llenar los requerimientos de las personas con VIH/SIDA” 39. 30 Anexo 4. Acción de amparo nueva presentada ante la Corte de Constitucionalidad, de fecha 26 de julio de 2002. Anexo a la comunicación de los peticionarios de 26 de agosto de 2003. 31 Anexo 4. Acción de amparo nueva presentada ante la Corte de Constitucionalidad, de fecha 26 de julio de 2002. Anexo a la comunicación de los peticionarios de 26 de agosto de 2003. 32 Anexo 4. Acción de amparo nueva presentada ante la Corte de Constitucionalidad, de fecha 26 de julio de 2002. Anexo a la comunicación de los peticionarios de 26 de agosto de 2003. 33 Anexo 4. Acción de amparo nueva presentada ante la Corte de Constitucionalidad, de fecha 26 de julio de 2002. Anexo a la comunicación de los peticionarios de 26 de agosto de 2003. 34 Anexo 5. Escrito de Alfonso Portillo, de fecha 1 de Agosto de 2002. Anexo a la comunicación de los peticionarios de 26 de agosto de 2003. 35 Anexo 5. Escrito de Alfonso Portillo, de fecha 1 de Agosto de 2002. Anexo a la comunicación de los peticionarios de 26 de agosto de 2003. 36 Anexo 6. Escrito del Ministerio Público, de fecha 2 de agosto de 2002. Anexo a la comunicación de los peticionarios de 26 de agosto de 2003. 37Anexo 6. Escrito del Ministerio Público, de fecha 2 de agosto de 2002. Anexo a la comunicación de los peticionarios de 26 de agosto de 2003. 38 Anexo 7. Escrito de la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, de fecha 10 de octubre de 2002. Anexo a la comunicación de los peticionarios de 26 de agosto de 2003. 39 Anexo 7. Escrito de la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, de fecha 10 de octubre de 2002. Anexo a la comunicación de los peticionarios de 26 de agosto de 2003. 21