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investigadores al área para arrestar a los sospechosos; que el 10 de agosto de
1989 Philip Taylor, Jefe Adjunto de Misión, el Cónsul General y el Mayor
Demarrest viajaron a Huehuetenango para reunirse con el nuevo Comandante,
General Mata Gálvez y que se dieron cuenta que él no tenía información sobre
el caso; que tuvieron que proporcionarle toda la información; que el Cónsul
General mantuvo contacto con el General Mata cada mes; que la Embajada de
los Estados Unidos no estaba satisfecha con el nivel de cooperación del
Gobierno ni con la del Ejército de Guatemala; que el Cónsul General se reunió
con el General Mata el 7 de noviembre; que el Embajador se reunió con el
General Gramajo, Ministro de Defensa y con el General Mata Gálvez los días 9 y
el 10 de noviembre, los cuales le expresaron que hasta el momento no tenían
ningún informe o resultado de la investigación, a pesar de que habían dado
información específica sobre la identidad de los sospechosos; que
aparentemente no existía ningún tipo de acción penal o de investigación por
parte del Gobierno; que el Ministro de Defensa prometió llevar el caso a la
atención del Fiscal General, que indicó que el asunto no era militar sino
policíaco y que presentaría el resultado de la investigación a la Embajada de los
Estados Unidos en un mes, pero no lo hizo; que en noviembre de 1989 las
autoridades guatemaltecas tenían un año de saber las identidades de los
sospechosos; que el 27 de noviembre de 1989 se reunieron el Embajador
Strook y el General Gramajo y que el último le indicó al primero que el caso
había sido remitido a un juez en Huehuetenango desde 1986; que el 15 de
diciembre de 1989 el Embajador se reunió con el Procurador de Derechos
Humanos, doctor Ramiro de León Carpio, quien tampoco tomó acción alguna en
el caso; que el 27 de febrero de 1990 el Embajador Strook se reunió con el
General Gramajo después de enterarse que la familia Blake estaba dispuesta a
pagar una recompensa para facilitar la recuperación de los restos de Nicholas
Blake y a no levantar cargos penales en contra de los involucrados; que el 21
de marzo de 1990 viajó a Huehuetenango para interrogar a varios patrulleros,
pero que éstos no estaban; que el 26 de marzo de 1990 viajó a Huehuetenango
con un investigador del FBI y con unos oficiales de Inteligencia Militar, para
hacer un interrogatorio, pero que igual a lo sucedido en diciembre de 1988 las
autoridades militares desconocían los detalles del caso e indicaron que no
estaban preparadas para interrogar a los tres individuos; que el investigador y
él les hicieron varias preguntas a los sospechosos Mario Cano, Candelario López
e Hipólito García acerca de la desaparición; que el 18 de abril de 1990 viajó a
Huehuetenango, donde no pudo obtener ninguna información; que el 26 de
marzo de 1990 el General Mata Gálvez presentó a tres individuos y después
presentó a dos más al Ministerio de la Defensa Nacional, pero que no llevó a
cabo la investigación; que el 26 de abril de 1990 se entrevistó con el señor
Velásquez, un patrullero sospechoso de estar involucrado en el asesinato y con
el Coronel Fernando Fuentes, Subcomandante de la Zona Militar, a quien le
preguntó por un teniente mencionado por el señor Velásquez; que el Coronel
Fuentes le dijo que identificaría a ese teniente y que lo presentaría ante la
Embajada de los Estados Unidos, pero que nunca lo hizo; que el 4 de mayo de
1990 viajó con un hermano y con el padre del señor Nicholas Blake a
Huehuetenango, que se entrevistó con el General Mata, a quien el padre del
señor Nicholas Blake le preguntó si era posible que los guerrilleros hubieran
secuestrado a los dos norteamericanos, que si era posible que estuvieran vivos
y que el General le contestó que no era probable; que durante varios de sus
viajes conoció a 5 de las 7 personas involucradas en la muerte de los señores
Nicholas Blake y Griffith Davis, ellos eran: Mario Cano Acedo, Candelario Cano
Acedo, Cándido López, Hipólito García y Daniel Velásquez; que el General Mata