Los hechos del caso se refieren a la limitación al derecho de propiedad de los hermanos Salvador Chiriboga por parte del Consejo Municipal de Quito, que en mayo de 1991 declaró de utilidad pública con fines de expropiación y de ocupación urgente un inmueble de 60 hectáreas.

La Corte IDH realizó un análisis acerca de las restricciones a la propiedad privada en una sociedad democrática estableciendo los criterios de utilidad pública, interés social y pago de una indemnización justa, adecuada, pronta y efectiva como orientadores de la misma, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio de un derecho.