Los hechos del caso se refieren a la detención -ocurrida en diciembre del año 2009 en el ejido Benito Juárez, Municipio de Buenaventura, en el Estado de Chihuaha -y posterior desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes realizada por miembros de las fuerzas de seguridad y la impunidad en que se encuentra lo ocurrido.

En su Sentencia, la CorteIDH aplicó estándares sobre desaparición forzada para el análisis de la responsabilidad estatal en los hechos. Adicionalmente desarrollo cuestiones vinculadas con la participación de fuerzas armadas en acciones de seguridad ciudadana