_____________________________________________________________________________________
En cuanto al tercer elemento constitutivo de la desaparición forzada relativo a la negativa de reconocer
la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona, la Comisión señaló que, desde el momento de la
desaparición del señor Tabares, el Ejército Nacional colombiano se ha negado a reconocer su detención y
revelar su verdadera suerte y paradero. Al respecto, la Comisión constató que el Ejército Nacional no solo no
inició la búsqueda de Oscar Tabares luego de su alegada huida, sino que no alertó a sus familiares de su
desaparición ni les prestó ayuda en su búsqueda. Por el contrario, consta que se inició un proceso en contra de
la víctima por haber lanzado una granada, incluso informando a la madre de Oscar Iván Tabares, que su hijo
había retirado dinero de su cuenta bancaria con posterioridad a los hechos, lo que se finalmente no resultó
cierto.
Por otra parte, la Comisión consideró que las acciones que se realizaron en los procesos seguidos a
nivel nacional han sido ineficaces y no se ha demostrado que estuvieran encaminadas a una búsqueda activa,
seria, imparcial y efectiva de la verdad de lo ocurrido ni a localizar el paradero o los restos del desaparecido.
La Comisión observó que durante los primeros meses que siguieron a la desaparición, esto es entre enero y
septiembre de 1998, los hechos únicamente fueron conocidos por la justicia penal militar, la cual, además de
no contar con garantías de independencia e imparcialidad para conocer de este tipo de casos, seguía un proceso
en contra de Oscar Iván Tabares. Por otra parte, cuando el asunto ya estaba en la jurisdicción ordinaria, si bien
la madre de la víctima solicitó reiteradamente la inspección del lugar donde alegó haber visto restos de un
uniforme militar en la zona en la que su hijo fue visto por última vez, la Fiscalía se excusó de realizar la diligencia
en una serie de oportunidades alegando falta de autorización policial, problemáticas de orden público y falta
de recursos, entre otras circunstancias. Fue solo hasta septiembre del año 2001 casi tres años después de
ocurridos los hechos, que la Fiscalía ordenó a la policía local realizar la diligencia antes señalada, encontrándose
pedazos de tela camuflada y la apariencia de haberse cavado huecos.
La Comisión notó que aunque la Fiscalía contaba con el expediente del juicio seguido en contra de
Oscar Iván Tabares por la justicia militar, que le fuera remitido el año 1998, no se exploraron de manera
exhaustiva las líneas de investigación que surgían de tal proceso, ni se citaron a declarar oportunamente a la
totalidad de los soldados que podrían haber conocido o estar involucrados en los hechos. Si bien la Fiscalía
finalmente decidió la apertura de una instrucción en contra de los superiores que se encontraban en el
campamento cuando ocurrieron los hechos como posibles autores de la desaparición forzada, la Comisión
observó que tal investigación a la fecha se encontraría sin mayores avances. En atención a lo anterior, la
Comisión concluyó que la investigación seguida por la justicia ordinaria no constituyó un recurso efectivo ni se
emprendió con debida diligencia, excediendo un plazo razonable.
Por último, la Comisión estableció que el Estado violó el derecho a la integridad personal en perjuicio
de los familiares de Óscar Tabares.
Con base en dichas determinaciones, la Comisión concluyó que la República de Colombia es
responsable por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la
libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial. Todo lo anterior, conforme a lo establecido
en los artículos 3, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con su artículo 1.1. Asimismo,
el Estado incumplió las obligaciones contenidas en los artículos I a) y b) de la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas.
El Estado de Colombia ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 31 de julio de
1973 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985. Asimismo, el Estado de Colombia
depositó el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas el 12 de abril de 2005.
La Comisión ha designado a la Comisionada Antonia Urrejola Noguera como su delegada. Asimismo,
Marisol Blanchard Vera, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Jorge Humberto Meza Flores y Analía Banfi Vique,
especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesoras y asesor legales.
2

Select target paragraph3