35. En consecuencia, sin prejuzgar sobre las cuestiones de fondo, la Comisión considera satisfechos los requisitos establecidos en los artículos 47(b) y (c) de la Convención. 2. Plazo de presentación 36. El artículo 46(1)(b) de la Convención establece que la petición debe ser presentada dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva. El presente reclamo fue presentado el 26 de agosto de 2003, dentro de los seis meses posteriores a la decisión de la Corte de Constitucionalidad de fecha 29 de enero de 2003, que denegó el recurso de amparo promovido por los peticionarios con el objeto de que se preservara el derecho a la vida y a la salud de las personas portadoras del VIH/SIDA. 2. Duplicación de internacionales procedimientos y cosa juzgada 37. Corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención en tanto no surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. 4. Caracterización de los hechos alegados 38. Los peticionarios sostienen que el Estado está incumpliendo con su obligación de respetar los derechos y su obligación positiva de proteger de manera adecuada los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de las 49 personas individualizadas como presuntas víctimas. Señalan, además, que los hechos denunciados constituyen también violaciones a otros derechos de los individuos tales como las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, protección judicial, y el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, todos ellos comprendidos dentro de los preceptos de la Convención Americana. 39. Al respecto, la Comisión analizará en los méritos, si bajo los artículos 1(1) y 4 de la Convención Americana el Estado está en la obligación positiva de proveer tratamiento antirretroviral como alegan los peticionarios. Asimismo, estudiará si la provisión de tratamiento y medicinas a las presuntas víctimas por entidades privadas releva al Estado de la obligación de proveerlos, en el supuesto de una respuesta positiva a la primera cuestión. 13